13/07/2010

Catalunya, Cataluña

Posted in Partido Popular, Política, PSOE a 17:59 por Andrés Velasco

Cinco años hemos esperado pacientemente a que el Tribunal Constitucional nos diga lo que ya sabíamos: que el preámbulo no tiene valor normativo, sino interpretativo; que el uso del término “nación” con el que se define a Cataluña en el Estatuto no es compatible con el que reserva la Constitución para el conjunto de la nación española; que la Justicia no es una materia susceptible de transferencia a las Comunidades Autónomas; que no se puede exigir legalmente el aprendizaje y uso de la lengua catalana; etc…

La culpa, ciertamente, es de ZP por haber prometido lo que no estaba en su mano otorgar. La constitucionalidad de una ley no la garantiza la buena fe zapateril, la votación en el Parlament de Catalunya o su posterior referéndum autonómico. Pero también Maragall, con sus veleidades nacionalistas, obligó a un cambio de rumbo en el PSC que le llevó a una reforma estatutaria que no era reclamada por las bases de ese partido. Montilla no ha quedado libre de culpa con su defensa cerrada de un texto no completamente constitucional, por querer ponerse al frente de una manifestación que -estaba cantado- iba a ser utilizada por un nacionalismo beligerante, y por insistir en querer llegar a un arreglo con el Gobierno de la Nación (española) para solventar este problema.

¿Qué arreglo? ¿Qué van a solucionar Montilla y ZP? Las normas no se transmutan de inconstitucionales en constitucionales de un día para otro. Para que se realizara ese cambio, sería primero necesario reformar la Constitución; no basta con sustituir unos magistrados del Tribunal Constitucional por otros más afines al federalismo, porque hay preceptos de la Carta Magna que son tan cristalinos que no admiten más interpretación que la que ha hecho la actual composición de ese tribunal (caducado o sin caducar).

Lo que nos llevaría al bochornoso espectáculo que dado al filtrarse el mercadeo entre magistrados progresistas y cavernarios en torno a la sentencia. Un tema que, como todo lo que rodea a la Justicia española, hiede de lejos. No es posible que visiones políticas diferentes resulten en interpretaciones tan distantes de un mismo texto constitucional. Sabemos que la vigente Constitución Española de 1978 no tiene, precisamente, una redacción clara y unívoca, y en ello radica parte de su adecuación a la sociedad española de la Transición. Pero eso no hace que el principio de unidad jurisdiccional tenga distintos significados en función de la tendencia de quien lea el art. 117 CE.

Y terminamos en la no menos bochornosa actitud del PP, reprochando carencia del “sentido de Estado” al Gobierno (que ciertamente ha tenido bastante poco) al tiempo que, día a día, hace ostentación de adolecer del mismo defecto. El Estatuto de la Comunidad Valenciana no deja de ser otro despropósito (la “cláusula Camps” es un aberración que nunca debieron haber aceptado las Cortes Generales), como tampoco lo es el preámbulo del Estatuto de Andalucía, votado con gran jolgorio por la derecha, que contiene la misma definición de “nación” para esa Comunidad Autónoma que hacía el Estatuto de Cataluña.

Aunque le falte el sentido de Estado, el PP tiene -al menos formalmente- una ventaja organizativa a la que renunciaron los partidos de izquierda hace mucho tiempo. En teoría, el PP es un partido único que se presenta de manera unitaria en todas las demarcaciones. Por contra, tanto Izquierda Unida como el PSOE han caído en un federalismo que les arrastra a tener distintos discursos para una misma materia.

Recuerdo con horror la alianza de IU con Iniciativa per Catalunya, cómo esta última ha ido desplazando a la primera (usando de su marca electoral) hasta convertirse en una plataforma política diferente e, incluso, igualando su representación en el Congreso de los Diputados con la de IU propiamente dicha. Porque lo cierto es que IU ha claudicado a presentarse en Cataluña.

Otro horror fue el acceso del meapilas Madrazo al cargo de IU en el País Vasco (hoy, solamente Ezker Batua), que causó temerarios acercamientos a la izquierda abertzale e, incluso, la participación en un Gobierno autonómico radicalmente nacionalista. Se amparaban en la consigna de no apoyar el Plan Ibarretxe, pero lo cierto es que luego votaron a favor de ese plan en todos y cada uno de los trámites parlamentarios a los que se enfrentó. Un doble juego muy propio del jesuitismo de Javier Madrazo, pero que ha tenido como consecuencia el arrastrar a toda IU a unas posiciones que no son las que quieren (o querían) sus votantes.

En mi opinión, la izquierda vive aún con unos complejos que no le convienen. No hay por qué simpatizar con el nacionalismo para ser de izquierdas. No hay que aliarse con partidos de la derecha no-españolista (o antiespañola) para demostrar lo progresista que se es. Y, menos aún, flirtear con filoterroristas como Batasuna como hizo Javier Madrazo para consternación de la mayoría de los votantes de IU del resto de España.

PSOE e IU deberían plantearse seriamente si quieren ser partidos con una única voz en toda España o si prefieren dejarse llevar por los barones autonómicos hacia su propia futura atomización. En el caso de IU, debería romper con EB e IC, y presentarse con sus propias siglas y candidatos en Cataluña y País Vasco. Y lo mismo es aplicable al PSOE con respecto al PSC.

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